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Una vez más, un nuevo caso de acoso escolar sale a la palestra en forma de denuncia. Denuncia archivada por Fiscalía. Una más, una vez más. Las analogías desgraciadamente con el caso de mi hija y mías propias son llamativas y alarmantes por el grave daño que se infringe a víctimas y familiares. Como bien expresa el denunciante, ya no sólo se trata de un caso de acoso escolar, sino, tanto o más grave, también de acoso institucional hacia la familia, cuando esta, harta de ninguneos y cínicas respuestas del entramado educativo, se ve obligada a denunciar. La Fiscalía, esa que tiene el deber institucional de velar y garantizar los derechos del menor hostigado tampoco parece poner el celo debido y una vez más, como ocurriese en mi caso, archiva la denuncia. Debe ser más práctico defender a menores acusados que a menores víctimas de los mismos. Debe ser más conveniente a su vez estar al lado de las instituciones que desdecirlas y obligarlas judicialmente a cumplir con sus deberes garantes hacia su alumnado. Que me lo digan a mí
http://elcuadernodeguillermonoacoso.blogspot.com.es/2010/08/acoso-escolar-e-institucional.html
Como respuesta viciada por la Administración educativa, a través de Inspección, se responde a estas graves acusaciones y actos denigrantes hacia la víctima, como sistemáticamente se repite una y otra vez: “ las actuaciones y compromisos han sido los adecuados”. Caso archivado. Uno más.
La “posible paranoia” de afectados y familiares debería ser estudiada detenidamente por las autoridades sanitarias, dado que si bien sólo salen a luz pública escasos casos -los más graves- se estima que un 25% de la población puede estar afectada por esta “enfermedad mental”
Padre de Ayamonte lleva al Defensor del Menor un presunto acoso escolar a su hijo, diagnosticado de TDAH
Jesús Torres
Luis Manuel Arraiz Vicente, padre de un menor de 9 años que hasta el pasado mes de marzo se encontraba escolarizado en el Centro de Educación Infantil y Primaria Moreno y Chacón de Ayamonte, ha puesto en conocimiento del Defensor del Menor de Andalucía lo que considera un caso de “acoso escolar continuado” contra su hijo en dicho colegio, “a manos de otro menor de su misma clase”.
Según el encabezamiento del escrito remitido el pasado mes de febrero por Arraiz al Defensor del Menor de Andalucía, al que ha tenido acceso Andalucía Información, “esta es la historia de un acoso escolar a mi hijo de 9 años, seguido de un acoso institucional a mi familia”.
Y es que en dicho escrito narra con todo lujo de detalles y por orden cronológico, una situación que se inició “hace un año”, sobre la que al principio “pensamos que eran cosas de críos; luego que las reiteraciones eran casualidad; y finalmente comprendimos que era todo deliberado”.
Según también relata, el asunto es aún más grave teniendo en cuenta que su hijo está diagnosticado de TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), por lo que “necesita, por ejemplo, que se le hagan los exámenes orales y no escritos, a lo que se han negado en ese colegio”, y por lo que “es como si en lugar de nueve años, tuviese aproximadamente dos menos”.
Por otra parte, Arraiz ha relatado a este periódico que su hijo fue objeto de “brutales palizas”, la última “con derribo a patadas en los huevos y remate a patadas en la cara”, lo cual fue siempre considerado por los responsables del centro como “una pelea” y “a las que no se prestaba atención” porque eran “cosas de niños”. El menor -siempre según su padre- llegaba a casa “con marcas” y “no nos contaba nada por miedo”. También “lo dejaban de lado” y por eso “lo comunicamos al centro”. El presunto acoso, además de físico “era también psicológico” ha añadido, y “se trasladó a la calle: a las fiestas de cumpleaños de los compañeros de clase o a los parques de la localidad”.
Igualmente añade que el presunto acoso a su hijo se convirtió también en “acoso a la familia” una vez que el propio Arraiz denunció por estos hechos tanto a la tutora del menor, como al director del centro. Denuncias de las que por otra parte confiesa “no tener aún noticias” y que según fuentes jurídicas consultadas por este periódico han sido archivadas.
Desde entonces -prosigue el padre- “todos han intentado tapar el tema, porque no les interesa que se sepa, y en lugar de proteger a mi hijo han mirado para otro lado y se han dedicado a protegerse entre ellos”. Incluso afirma que “han intentado hacer creer al resto de la comunidad educativa, incluidos los padres, que dejaron de hablarnos y nos eliminaron de los grupos de whatsapp, que todo era cosa nuestra”, y hasta “pudimos saber que se burlaban del niño en clase, llegando incluso a ridiculizarlo ente sus compañeros”.
En el escrito al Defensor del menor Arraiz afirma que “en septiembre mi mujer habló seriamente de este tema al menos tres veces con la tutora y maestra, siguió el acoso; habló con la madre del acosador, siguió el acoso; habló a primeros de noviembre con el director, siguió el acoso”.
También narra que “el 14 enero de 2015 la agresión de turno es violentísima (a mi niño le dan una patada en el ojo), hay parte de lesiones, y una denuncia judicial por mi parte, contra el agresor (otro niño de 9 años pero mucho mayor) y contra la tutora y el director por no hacer nada”. El mismo día de esa agresión última, la tutora y maestra habitual del niño “les hizo hacer las paces, pregonó a toda la clase ‘ya sabéis que (…) es un pesado’ como explicación de lo ocurrido, y sentó juntos a agresor habitual y víctima”.
Desde entonces se multiplicaron los escritos y comunicaciones por distintos medios entre la familia del menor y los responsables del centro, quejándose amargamente Arraiz de no permitírsele acceder al expediente sobre lo sucedido, así como al protocolo de actuación iniciado por la Inspección Educativa.
Finalmente, según Arraiz, el menor permaneció un tiempo sin escolarizar “porque la frase operativa del tratamiento médico a que le ha abocado el estrés por acoso es: ‘se recomienda evitación de esta situación hasta tratamiento psicológico’. Así las cosas, la familia solicitó a la Delegación el cambio de centro, lo cual se produjo en marzo, cuando fue trasladado al CEIP Galdames de la ciudad fronteriza, donde el padre asegura que su hijo “está encantado, totalmente integrado, y donde no ha tenido ningún tipo de problema”.
Por todo ello, Arraiz concluye su escrito pidiendo al Defensor del Menor que “supervise humanitariamente este caso, y los otros, que ha habido y habrá, hasta que se extirpen las malas hierbas. No estaría de más una investigación oficial”.
EL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA “ACTIVÓ EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN”
Por su parte, fuentes del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, en coordinación con el centro educativo y el Equipo de Orientación Educativa, ha afirmado que activó “desde el primer momento el protocolo de actuación recogido por la administración educativa para estos casos”.
Igualmente han indicado que “desde esta misma Delegación se ha dado respuesta a todas las instancias donde se ha presentado denuncia o demandado aclaración sobre este tema”.
Por último, han señalado que “desde esta delegación territorial se hace constar la adecuada actuación del centro educativo y de la comunidad escolar de Ayamonte, que ha mostrado y demostrado su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos escolares”.
Fuente:
http://andaluciainformacion.es/costa-occidental/
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