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Joaquín Díaz Atienza
• Confidencialidad, diagnóstico y estigmatización. La primera dificultad con la que nos enfrentamos se encuadra en la inestabilidad temporal y escasa fiabilidad del diagnóstico paidopsiquiátrico a pesar de los grandes avances producidos con los nuevos sistemas de clasificación. En segundo lugar, el diagnóstico conlleva la obtención de información que, habitualmente, pertenece a la intimidad y a lo privado, no solo del paciente, sino también del ámbito familiar.
Conocemos hasta donde el diagnóstico paidopsiquiátrico puede ser excluyente y estigmatizante dando lugar en muchos casos a una vulneración de otro de los principios básicos de la bioética: el de justicia, en la medida que la estigmatización genera comportamientos y actitudes claramente discriminatorias. De otra parte, conocemos, igualmente, los marcados aspectos positivos para el tratamiento que conlleva una actuación bien programada en el ámbito escolar.
Como salida a esta encrucijada, solo se me ocurre la necesidad de establecer canales informativos y de colaboración con los profesionales de la enseñanza, a la vez que se deberían comprometer en el mantenimiento de la confidencialidad como un derecho supremo e inviolable del niño. Sería un secreto médico derivado al que todos los implicados le debemos obligado cumplimiento.
• Diferencias de opinión entre instituciones y profesionales. Tal como hemos dicho, la mayoría de los tratamientos necesitan del concurso de profesionales pertenecientes a instituciones no sanitarias, en especial la escuela. Entre éstos últimos profesionales no todos participan de una visión homogénea en lo referente a la validez del diagnóstico paidopsiquiátrico, ni a la causalidad de los diversos problemas psicopatológicos, dando lugar a actitudes e intervenciones que en algunos casos pueden resultar, cuando menos, iatrogénicas.
En este sentido, no es inhabitual que nos lleguen comentarios realizados por algunos profesores como “yo no creo en la psiquiatría y la psicología” o, aunque menos frecuente, “si su hijo tiene un problema psiquiátrico que lo ingresen en salud mental”. A esto hay que añadirle la escasez de recursos para enfrentarse con éxito a las necesidades de cuidado y asistenciales que muchos niños con problemas psicológicos necesitan. Esto es fuente de frustración, cuando no de rechazo, por parte de muchos profesionales de la enseñanza a asumir responsabilidades por lo que conlleva de impotencia y desesperanza.
• Por último, siguiendo el principio de autonomía, el paciente será en última instancia quien determine que tipo de información se puede, o no se puede, dar a los profesionales no sanitarios y siempre con la intención y finalidad de optimizar los resultados del tratamiento.
En conclusión, en la información que demos los terapeutas a profesionales no sanitarios deberíamos considerar los siguientes aspectos:
• Dar la información imprescindible para cumplir los objetivos terapéuticos y siempre teniendo “in mente” el principio de beneficiencia.
• Hacer constar al profesional al que se le proporciona la información que está sujeto al cumplimiento de la confidencialidad, derecho inviolable del alumno.
• Obtener el consentimiento de los padres, para menores de 12 años, para pasar la información al profesor implicado. En pacientes mayores de 12 años, deberíamos obtener el consentimiento del paciente. La única excepción a este principio se daría en pacientes con merma significativa en su capacidad de decisión (autismo, retraso mental, psicosis infantiles etc.
• Procurar ni emitir etiquetas diagnósticas, a no ser que sean imprescindibles para la comprensión de las indicaciones dadas por el terapeuta.
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